Determinación de incapacidades: ¿cómo es el proceso?

La incapacidad se podría entender como la disminución o pérdida facultativa de una persona, tanto desde el punto de vista funcional, y puede afectar a sus capacidades mentales o físicas. Ambos tipos de incapacidades puedes ser temporales o permanentes, dependiendo del tiempo en el que el sujeto se va a ver privado de sus facultades.

En el presente artículo nos centraremos en las incapacidades mentales, ya que son estas las que atañen al ámbito de nuestro estudio: la psicología. Para que se produzca una incapacidad de este tipo una persona debe tener unas limitaciones que habrán sido establecidas por sentencia judicial y su consecuencia más directa es la responsabilidad que ejerce una tercera persona para hacer uso de los cargos del sujeto incapacitado, que se traducen en derechos y obligaciones.

¿Cómo se determina una incapacidad?

La incapacidad mental de una persona, es decir, su incapacidad para obrar jurídicamente hablando, la determina un médico, un psiquiatra o un psicólogo y el juez determina, en base a las pruebas aportadas por estos profesionales. En el Código Civil no se mencionan qué enfermedades conllevan la incapacidad de una persona, peros sí estipula que estas enfermedades o pérdidas de habilidades mentales deben ser permanentes, y no temporales.

En cualquier caso, lo que parece claro es que cuestiones como una discapacidad intelectual, la pérdida de la función cognitiva o una enfermedad psiquiátrica pueden ser susceptibles de definir una incapacidad mental.

La solicitud para tramitar una incapacidad la puede iniciar el cónyuge del sujeto, pero también sus descendientes o ascendientes directos, esto es, sus hijos o sus padres, así como sus hermanos. Dicha solicitud se dirige a la fiscalía, que será el órgano jurídico encargado de verificar la documentación aportada e iniciar los trámites necesarios para el proceso, que consistirá en una demanda judicial interpuesta por un abogado.

¿Qué pruebas son necesarias?

Una vez presentada la solicitud, y durante todo el tiempo que dure el proceso, se examinarán una serie de pruebas periciales encaminadas a verificar la pérdida de habilidades y, por tanto, de la capacidad de obrar de una persona. La primera de ellas es la prueba documental, que no es más que examinar la relación de documentos que se presentaron para iniciar el procedimiento. Entre estos documentos no pueden faltar el certificado literal de nacimiento, el certificado de minusvalía (si lo tuviera), los informes facultativos de los médicos que han tratado al sujeto y cualquier otro documento que pudiera hacer falta para acreditar la incapacidad, como informes de asistentes sociales, documentos escolares, pruebas psicológicas, etc.

Analizada la documentación necesaria, se producen una serie de encuentros con los familiares más allegados al sujeto con el fin de conocer su situación y definir quién se hará responsable de sus obligaciones una vez retirada la capacidad. Antes de que el juez dictamine o no la incapacidad de obrar, tiene lugar una exploración médica para corroborar los datos aportados en los documentos, así como una evaluación jurídica, en la que el magistrado también valora de primera mano la situación de la persona implicada.

Una vez valorado todo lo anterior, el juez determinará si concede o no la incapacidad al sujeto implicado y qué tipo de obligación legal tendrá su tutor. Las sentencias judiciales de incapacitaciones no son definitivas pero solo podrán revocarlas un juez mediante la emisión de otra sentencia.

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